Normas Estatutarias de Desarrollo

Normas Estatutarias de Desarrollo 

(Aprobadas en Asamblea General de 24 de marzo de 2010)

 

CAPÍTULO I . Disposiciones Generales

 

Art. 1- Configuración y naturaleza jurídica del Instituto

El Instituto de Actuarios Españoles, creado por el Decreto 12/1959, de 8 de enero, es una Corporación de Derecho Público constituida por los profesionales a él incorporados, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Art. 2- Ambito territorial

El ámbito territorial del Instituto de Actuarios Españoles es el territorio del Estado Español.

La sede central del Instituto radica en Madrid, pero podrán crearse otras sedes, atendiendo a criterios de concentración de profesionales o razones geográficas, que permitan el ejercicio descentralizado de funciones de administración del Instituto si así se estableciera en el Reglamento de Régimen Interno del Instituto.

Art. 3- Relación con las Administraciones públicas

El Instituto de Actuarios Españoles se relacionará con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Economía y Hacienda y con las Administraciones de las Comunidades Autónomas a través de la Consejería respectiva que aquéllas determinen.

Art. 4- Fines esenciales

El Instituto de Actuarios Españoles se constituye para la satisfacción de los siguientes fines esenciales: ordenar, en el marco del ordenamiento jurídico, el ejercicio de la profesión; procurar la observancia de la deontología profesional; representar y defender la profesión y los intereses profesionales de sus colegiados, sin perjuicio de las específicas competencias de los sindicatos en materia de relaciones laborales; realizar las actividades de interés general relacionadas con su profesión que estime oportunas o le encomienden los poderes públicos; y proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

Art. 5- colegiación

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y para la adecuada satisfacción de los fines esenciales del Instituto señalados en el artículo anterior, es requisito indispensable para el ejercicio privado de la profesión de Actuario estar colegiado.

En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.

 

CAPÍTULO II . – De los colegiados

Sección 1ª.- Régimen de la colegiación.

Art. 6- condiciones de ingreso

1.- Son condiciones necesarias para ingresar en el Instituto de Actuarios Españoles:

a) Estar en posesión del título de Actuario de Seguros, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o el que se establezca en el futuro por el ordenamiento jurídico vigente para el ejercicio de la profesión de Actuario.

b) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión como consecuencia de una resolución judicial penal firme.

2.- La incorporación de profesionales con nacionalidad y titulación comprendidas en las Directivas de la Unión Europea sobre reconocimiento mutuo de títulos y ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, se atendrá a lo dispuesto en dichas Directivas específicas y en la normativa de transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español.

Art. 7-  Procedimiento de incorporación

1.- El Instituto dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 57 de estos Estatutos.

2.- La cuota de inscripción no podrán superar en ningún caso los costes asociados a su tramitación.

3.- La Junta de Gobierno del Instituto resolverá las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de tres meses, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan las condiciones fijadas en el artículo anterior. La Junta de Gobierno podrá delegar en uno de sus miembros el ejercicio de la competencia anterior. Podrá suspenderse por un plazo máximo de tres meses la resolución de la solicitud para subsanar deficiencias de la documentación presentada o efectuar las comprobaciones que sean procedentes a fin de verificar su legitimidad y suficiencia. Transcurrido el plazo señalado sin que la Junta de Gobierno se hubiera pronunciado sobre la solicitud, está se entenderá estimada.

4.- El acuerdo de denegación de incorporación al Instituto debe ser motivado. Dicho acuerdo será recurrible ante la Junta de Gobierno del Instituto, y contra su resolución sólo cabrá el recurso contencioso-administrativo, que se interpondrá de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Art. 8- Pérdida de la condición de colegiado

1.- Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:

a) La renuncia, manifestada por escrito, del colegiado; siempre que a la misma siga el cese, voluntario o legal, en el ejercicio profesional.

b) La pérdida o la incorrección, debidamente comprobadas, de las condiciones de acceso al Instituto.

c) El impago de las cuotas del Instituto acordadas por la Asamblea General, durante dos devengos. El descubierto debe ser previamente notificado al colegiado antes de hacer efectiva la baja. Transcurrido un mes desde la notificación efectiva se procederá a la baja. La eventual reincorporación quedará condicionada al pago de las cantidades adeudadas con sus correspondientes intereses legales.

2.- La concurrencia de una causa de pérdida de la condición de colegiado será apreciada por la Junta de Gobierno del Instituto, quien acordará en su caso la misma.

Art. 9.- Clases de colegiados

Puede pertenecerse al Instituto de Actuarios Españoles en condición de miembro titular, no ejerciente, o de colegiado de honor.

  1. Son miembros titulares quienes ejerciendo su profesión se hallan incorporados al mismo por tener obligatoriedad de hacerlo con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos.
  1. Son colegiados no ejercientes los Actuarios que no ejerzan la profesión, o los que se encontraren legalmente dispensados del deber de colegiación.
  1. El Instituto podrá nombrar colegiados de honor a las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a favor de la profesión. La propuesta de designación la realizará la Junta de Gobierno, previa conformidad de los interesados, y será aprobada por la Asamblea General.

Art. 10.- colaboradores

1.- Podrán solicitar su inscripción en el Instituto de Actuarios Españoles los alumnos matriculados en el último curso de los estudios universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión a título de miembro colaborador.

2.- Ei ingreso en el Instituto como miembro colaborador, que será gratuito, sólo confiere el derecho a la utilización de los servicios básicos del Instituto, pero no supone la adquisición de la condición de colegiado, ni el otorgamiento de los derechos que son inherentes a esta condición.

 

Sección 2ª.- Derechos y obligaciones

Art. 11.-  Principios generales

  1. La incorporación al Instituto confiere a todo Actuario los derechos y deberes inherentes a la condición de miembro del Instituto. El Instituto protegerá y defenderá a sus colegiados en el ejercicio legítimo de la profesión.
  1. Todos los colegiados son iguales en los derechos y obligaciones establecidos en estos Estatutos.

Art. 12.- derechos

Son derechos de los Actuarios colegiados:

a) Participar en el gobierno del Instituto, asistiendo a la Asamblea General, y ejerciendo el derecho a elegir y ser elegido para los cargos de Junta de Gobierno, en los términos señalados en el Capítulo IV de estos Estatutos.

b) Ejercer las funciones propias del Actuario de conformidad con su Estatuto Profesional o normas reguladoras de la profesión que lo reemplacen.

c) Dirigirse a los órganos del Instituto formulando peticiones y presentando quejas.

d) Ejercer el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de los órganos del Instituto.

e) Recibir información regular sobre la actividad corporativa y de interés profesional, y examinar los documentos contables en que se refleja la actividad económica del Instituto.

f) Obtener información y, en su caso, certificación de los documentos y actos del Instituto que le afecten personalmente.

g) Utilizar los servicios que tenga establecidos el Instituto, en la forma y condiciones que se fijen al efecto.

h) Ser asesorado o defendido por el Instituto, dentro de su competencia, en cuantas cuestiones se susciten relativas a sus derechos e intereses legítimos de carácter profesional, en la forma y condiciones que se fijen por la Asamblea General.

i) Ser mantenido en pleno uso de sus derechos hasta tanto no se produzca su baja conforme a los Estatutos.

Art. 13.- Obligaciones

1.- Son obligaciones de todo miembro del Instituto:

a) Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, observando las reglas contenidas en las Normas Deontológicas que se aprueben por el Instituto de acuerdo con las Leyes.

b) Conocer y cumplir en el desempeño de la profesión las disposiciones de los presentes Estatutos, las normas deontológicas así como las resoluciones dictadas por los órganos del Instituto y prestar el respeto debido a los titulares de dichos órganos. También está obligado a conocer las prácticas recomendadas.

c) Comunicar al Instituto la forma de ejercicio profesional y sus modificaciones, así como los restantes datos que le sean recabados siempre que fueren estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.

d) Observar las incompatibilidades profesionales y causas de abstención legalmente establecidas.

e) Contribuir puntualmente al sostenimiento económico del Instituto conforme a los Estatutos y a los acuerdos adoptados por los órganos del Instituto para su aplicación.

f) Actuar con fidelidad y diligencia en el desempeño de los cargos del Instituto para los que sea elegido o designado.

2.- Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y colegial del colegiado, constituyendo su observancia el objeto propio de las potestades del Instituto de control y disciplina reguladas en los presentes Estatutos y en las Normas Deontológicas que en desarrollo de los anteriores se aprueben por el Instituto.

Art. 14.- Ejercicio asociado

1.- Los Actuarios podrán ejercer su profesión conjuntamente con otros colegiados, bajo cualesquiera formas lícitas reconocidas en Derecho. También podrán, en su caso, ejercer conjuntamente su profesión con profesionales de otras disciplinas. Cuando la actividad profesional se desarrolle bajo forma societaria en los términos previstos en la vigente Ley de Sociedades Profesionales, quedará sujeta a ésta.

2.- Las sociedades profesionales se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del Instituto, sin cuyo requisito no podrán realizar actividad profesional alguna bajo la razón o denominación social.

3.- La inscripción de la sociedad profesional en el Registro colegial supone la incorporación de la Sociedad al Instituto y su sujeción a las competencias que la Ley de Colegios Profesionales y los presentes Estatutos Generales atribuyen al Instituto sobre los profesionales incorporados al mismo.

4.- El Registro colegial de sociedades profesionales se regirá por las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Profesionales y los presentes Estatutos Generales y, en desarrollo de éstos, por la normativa aprobada por el Instituto.

5.- La sociedad profesional debidamente inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales será titular de los derechos y obligaciones que reconoce el capítulo II de estos Estatutos Generales, con excepción de los derechos electorales y de participación en órganos del Instituto que se reservan exclusivamente a los colegiados personas físicas. Asimismo, la sociedad profesional debidamente inscrita podrá utilizar los servicios del Instituto en las mismas condiciones que los Actuarios colegiados.

CAPÍTULO III. –  Funciones del Instituto

Art. 15-   Funciones del Instituto

Para la consecución de los fines esenciales del Instituto señalados en el Capítulo I de estos Estatutos, el Instituto desempeña, al amparo de la vigente legislación sobre Colegios Profesionales, funciones de: ordenación del ejercicio profesional; representación y defensa de la profesión y de sus colegiados; servicio a los colegiados; protección de consumidores y usuarios y defensa del interés general y autoorganización.

Art. 16-  De ordenación del ejercicio y actividad profesional de los colegiados

Son funciones de ordenación del ejercicio y actividad profesional de los colegiados:

a) El registro de todos sus miembros, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, título, fecha de alta, y domicilio profesional.

El Instituto ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito al registro de colegiados a través de su ventanilla única.

El Instituto facilitará a los órganos jurisdiccionales y a las Administraciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos o los designará directamente.

b) Velar para que la actividad profesional de los colegiados se someta, en todo caso, a la ética y dignidad de la profesión, y al debido respeto a los derechos de los ciudadanos. Para el cumplimiento de esta función esencial, el Instituto aprobará en Asamblea General Normas Deontológicas y Prácticas Recomendadas de acuerdo con las Leyes que rijan la actividad profesional de sus colegiados.

c) El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de la potestad disciplinaria sobre los colegiados de conformidad con el régimen dispuesto en los presentes Estatutos.

d) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales, del Estatutos Generales y el Reglamento de Régimen Interior, así como todas las normas y decisiones acordadas por los órganos del Instituto.

e) Adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

f) Mediar, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, a petición de los mismos.

g) Colaborar con las Administraciones y organizaciones nacionales e internacionales en cuantas cuestiones se susciten en relación con la actividad profesional.

h) El Instituto, en el marco de las obligaciones de asistencia recíproca que impone la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, prestará las siguientes funciones:

1) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados que formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro.

2) Comunicar las sanciones firmes que hubiera impuesto a sus colegiados a las autoridades competentes de un Estado miembro que motivadamente hubieran solicitado esta información.

3) Atender las peticiones de comprobación, inspección o investigación sobre sus colegiados que les formularen motivadamente las autoridades competentes de un Estado miembro.

Art. 17-  De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados

El Instituto ejerce las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:

a) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones Públicas, los Tribunales y demás poderes públicos, así como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.

b) Actuar ante los Jueces y Tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, con la legitimación que la Ley les otorga, pudiendo hacerlo en representación o sustitución procesal de sus miembros.

c) Informar en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.

d) Informar, con arreglo a las Leyes, los proyectos de disposiciones normativas que regulen o afecten directamente las condiciones generales de las funciones profesionales de los Actuarios.

e) Cooperar a la mejora de la enseñanza e investigación de la profesión, para lo que se podrán crear instituciones científicas, educativas o culturales, o colaborar con ellas.

f) Participar en la elaboración de los planes de estudio, informar las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación sectorial correspondiente.

g) Participar en los Consejos, Organismos consultivos, Comisiones u órganos análogos de las Administraciones y Organizaciones, nacionales o internacionales, en materia de su competencia, cuando sea requerido para ello.

h) Establecer y mantener relaciones e intercambios con organismos de carácter técnico, científico o profesional, nacionales o extranjeros, dedicados a actividades que total o parcialmente guarden afinidad con los fines y funciones del Instituto.

i) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración, de conformidad con los instrumentos previstos en la vigente legislación sobre procedimiento administrativo común; y colaborar con ella mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.

j) Realizar pericias e informes, bien por cuenta propia, o bien a petición de los colegiados, de las Administraciones, de los jueces y tribunales, o de cualesquiera otras entidades públicas y privadas.

k) Atender las quejas o reclamaciones presentadas por sus colegiados.

l) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.

Art. 18- De servicio

El Instituto podrá ofrecer, de acuerdo con las condiciones que crea más convenientes, y entre otros, los servicios siguientes:

a) Resolver, por laudo, con arreglo a la legislación vigente sobre arbitrajes, los conflictos y discrepancias que le fueran sometidos.

b) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativo, cultural, médico-profesional, asistencial, de previsión y otros análogos; o colaborar, en su caso, con instituciones de este carácter. El Instituto podrá crear una Mutualidad o institución análoga, siendo su incorporación, en todo caso, de naturaleza voluntaria.

c) Asesorar a sus colegiados y promover cursos de formación y especialización.

d) Organizar cauces para facilitar las prácticas profesionales de los nuevos titulados.

e) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales de los colegiados y ejercientes en su ámbito territorial, a solicitud de los mismos y en las condiciones que se determinen en las normas del Instituto.

f) Asesorar y apoyar a los Actuarios en el ejercicio profesional instituyendo y prestando todo tipo de servicios, incluidos los de información profesional y técnica, y formación permanente.

Art. 19. Protección de los intereses de los consumidores y usuarios

El Instituto, velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, prestando los servicios y ejerciendo las funciones siguientes:

1) Dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia.

2) El Instituto, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos del Instituto competentes para sancionar, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda.

Art. 20- De autoorganización

El Instituto, en el ejercicio de su potestad de autoorganización interna, ejercerá las siguientes funciones:

a) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno, en desarrollo y con sujeción a los presentes Estatutos Generales.

b) Aprobar y ejecutar sus presupuestos.

 

CAPÍTULO IV.- Estructura y organización

 

Art. 21- Órganos necesarios

  1. Son órganos necesarios del Instituto de Actuarios Españoles:

a) La Asamblea General.

b) La Junta de Gobierno.

c) El Presidente del Instituto.

  1. La Junta de Gobierno creará una Comisión Deontológica para el estudio de las cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio profesional y demás actuaciones que se le atribuyan de conformidad con estos Estatutos, así como cuantas otras comisiones estime convenientes para el estudio o dirección de los asuntos de interés para la entidad y los colegiados. El Reglamento de Régimen Interno del Instituto concretará su composición, atribuciones y régimen de funcionamiento.

Art. 22-  Asamblea General

  1. La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Instituto, y se rige por los principios de participación igual y democrática de todos los colegiados.
  2. La participación en la Asamblea General será personal, pudiendo ser también por delegación, admitiéndose un número máximo de diez votos delegados por colegiado presente.
  3. Son competencias de la Asamblea General:

a) Modificar los vigentes Estatutos Generales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Instituto, y las Normas Deontológicas y Prácticas Recomendadas, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para aprobar las correspondientes normas de desarrollo.

b) Aprobar los presupuestos y acordar los recursos económicos del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI.

c) Aprobar definitivamente la liquidación de los presupuestos y las cuentas anuales auditadas de cada ejercicio vencido.

d) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles propios y derechos reales constituidos sobre éstos así como de los restantes bienes patrimoniales propios que figuren inventariados como de considerable valor.

e) Controlar la gestión de la Junta de gobierno, recabando informes y adoptando o resolviendo, en su caso, las oportunas mociones.

f) Conocer de cuantos otros asuntos le someta la Junta de Gobierno o de los que figuren atribuidos a ésta por el presente Estatuto.

g) La aprobación de la Memoria Anual, a que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

 

4. Todos los años se celebrará al menos una Asamblea General del Instituto, que tendrá carácter ordinario. Asimismo pueden celebrarse Asambleas Generales extraordinarias cuando lo acuerde la Junta de Gobierno por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, el 10% de colegiados. La Asamblea General ordinaria tratará, como mínimo, los asuntos relacionados en los párrafos b), c), e) y g) del apartado anterior; y las extraordinarias de los asuntos objeto de convocatoria.

5. Las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, deberán convocarse por la Junta de Gobierno del Instituto con un mes de antelación; que en casos de urgencia, apreciada y debidamente justificada, se podrá acortar a diez días. Podrá igualmente notificarse mediante procedimientos telemáticos siempre que el colegiado haya señalado dicho medio como preferente o hubiera consentido expresamente su utilización, identificando, además, la dirección electrónica correspondiente. En la convocatoria se señalará el lugar, día y hora en que la Asamblea ha de tener lugar. Actuarán como Presidente y Secretario de la Asamblea General el Presidente y Secretario General del Instituto respectivamente. Las convocatorias incorporarán un orden del día y serán notificadas a todos los colegiados acompañando, cuando sea imprescindible, la documentación concerniente a los temas debatidos; sin perjuicio de su consulta por los colegiados en las oficinas del Instituto. En todo caso, el Colegio publicitará la convocatoria en su página web. Los colegiados podrán proponer la inclusión de asuntos en el orden del día de la Asamblea General ordinaria, que serán obligatoriamente incluidos siempre que vengan avalados por la firma de al menos treinta colegiados que se encuentren al corriente de sus obligaciones del Instituto y sean remitidos diez días antes de la celebración de la misma.

6. Las Asambleas se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primera o segunda convocatoria, si procediera. Estarán presididas y dirigidas por el Presidente del Instituto o, en su defecto, por quien legalmente le sustituya. Abierta la sesión, se procederá a la lectura, y aprobación en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior, debatiéndose seguidamente los asuntos que figuren en el orden del día. El Presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos. Las votaciones serán a mano alzada, salvo cuando una décima parte de los colegiados presentes solicite que las mismas sean secretas. En cualquier caso, la votación será secreta en los asuntos en que pudiera verse condicionada la libertad en la emisión del voto. No podrán tomarse acuerdos sobre los asuntos que no figuren en el orden del día. Como regla general, los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos emitidos, sin necesidad de quórum de asistencia. No obstante, cuando se trate de la modificación del Estatutos Generales será preciso la concurrencia, por sí o debidamente representados, de al menos la cuarta parte de los colegiados.

7. Con objeto de que la aprobación del acta de la Asamblea General no se demore hasta la próxima reunión, el Secretario confeccionará un borrador de acta que someterá a la aprobación y firma del Presidente y  de dos colegiados designados por la Asamblea General de entre sus asistentes, en el plazo de 15 días siguientes a la reunión. Obtenida la conformidad a la redacción, el Secretario hará constar la aprobación de la misma en el libro de actas. El acta habrá de ser ratificada en la próxima Asamblea General.

Art. 23-  Junta de Gobierno

  1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Instituto.
  1. La Junta de Gobierno estará formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y siete vocales. El Reglamento de Régimen Interior del Instituto determinará las funciones que respectivamente tengan cada uno de estos cargos.
  1. La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Asamblea General conforme al artículo anterior, ni asignadas específicamente por el Estatuto a otros órganos del Instituto. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes funciones:

3.1.- Con relación a los colegiados y a los órganos del Instituto:

a) Resolver sobre la admisión de los Actuarios que deseen incorporarse al Instituto, pudiendo delegar provisionalmente esta facultad en alguno de sus miembros, así como sobre la pérdida de la condición de colegiado según lo dispuesto en el capítulo II del Estatuto.

b) Velar por la adecuada conducta social y profesional de los colegiados entre sí, en el ejercicio de su profesión y en relación con el Instituto.

c) Perseguir ante los Tribunales de Justicia el intrusismo y los casos de ejercicio profesional en los que no se cumplieran las vigentes disposiciones legales, de los que se tenga conocimiento.

d) Ejercer las funciones del Instituto de ordenación del ejercicio profesional de los Actuarios.

e) Emitir dictámenes, informes, consultas, o arbitrajes en los casos previstos en los Estatutos o cuando sea requerido para ello el Instituto por los Tribunales de Justicia, Entidades públicas o privadas o particulares.

f) Proceder de modo automático a la designación de Peritos, previo requerimiento cursado al Instituto.

g) Convocar la elección de cargos de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de los Estatutos.

h) Resolver los recursos que se interpongan contra los acuerdos del Instituto de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VIII de los Estatutos.

i) Ejercer la potestad sancionadora de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII de los Estatutos.

j) Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y colegial, y de los acuerdos del Instituto.

k) Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y organización del Instituto.

l) Designar al personal del Instituto y decidir sobre su organización y la de los servicios existentes o que se creen en el futuro.

m) Elaborar la Memoria Anual del Instituto con el contenido prescrito por el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y dar publicidad a la misma a través de la página web del Instituto, una vez aprobada por la Asamblea General, dentro del primer semestre del año siguiente.

3.2.- Con relación a la actividad externa del Instituto:

a) Defender a los colegiados cuando considere que son molestados o perseguidos injustamente en el desempeño de las funciones profesionales o con ocasión de las mismas.

b) Gestionar, en representación del Instituto, cuantas mejoras estime convenientes al progreso técnico y a los intereses de los Actuarios.

c) Representar al Instituto en los actos oficiales.

d) Designar a los representantes del Instituto en los Tribunales, Jurados y Comisiones cuando le fuera requerida al Instituto su participación.

3.3.- Con relación a la vida económica del Instituto:

a) Recaudar, distribuir y administrar el patrimonio del Instituto.

b) Determinar la estructura económica del Instituto, de los presupuestos y del inventario de sus bienes.

c) Formar y someter anualmente a la Asamblea General el proyecto de presupuestos.

d) Cerrar y someter a la aprobación de la Asamblea General la liquidación del presupuesto y las cuentas de ingresos y gastos.

e) Proponer a la Asamblea General la inversión de los fondos sociales.

 

4. Los cargos  de la Junta de Gobierno tienen una duración ordinaria de cuatro años, debiendo procederse a su finalización a la convocatoria de nuevas elecciones. La convocatoria será inmediata si antes de la renovación hubiera prosperado una moción de censura. Podrá ostentarse un cargo colegial como máximo durante dos mandatos consecutivos. Este límite temporal comenzará a contarse a partir de las primeras elecciones organizadas de conformidad con estos Estatutos.

5. Quienes desempeñen los cargos de Presidente o de miembro de Junta de Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio efectivo de la profesión, y tener una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio profesional.

6. Se considera incompatible para ocupar cargos de Junta de Gobierno, mientras no renuncien a la situación que genera la incompatibilidad, todo colegiado en quien concurra alguna de las siguientes circunstancias: ocupar cargo público en la Administración General del Estado o autonómica, ser miembro de las Cortes Generales o Parlamentos Autonómicos; ostentar cargo político electo o directivo en sindicato, partido político o asociación cuyo cometido pudiera comprometer la independencia o libertad de criterio o fuere representativo de intereses contrapuestos a los del Instituto.

7. Cuando se produzcan ceses o vacancias en la Junta, los cargos se cubrirán por los colegiados que figuran como suplentes en la lista electoral en que figuraba el cargo a sustituir. Si el número de aquellas fuese igual o superior a la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.

8. Los cargos de Junta de Gobierno no tendrán carácter retribuido.

9. Los acuerdos de Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría de votos presentes. El voto del  Presidente tiene valor doble en caso de empate.

10. La Junta de Gobierno podrá ser sometida a una moción de censura, que será debatida y votada en Asamblea General extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39 de estos Estatutos.

11. Los ex-Presidentes del Instituto y quienes hayan sido designados colegiados de honor constituirán un Consejo Consultivo con la finalidad de asesorar a la Junta de Gobierno o a la Asamblea General en cuantos asuntos se les soliciten. El Consejo Consultivo nombrará entre sus miembros un Presidente y un Secretario que se renovarán cada vez que haya cambio de Junta de Gobierno.

Art. 24-  Presidente

1.- El Presidente ostenta la representación legal del Instituto, preside la Asamblea General y la Junta de Gobierno, velando por la debida ejecución de sus acuerdos y adoptando en los casos de urgencia las medidas procedentes.

2.- El Presidente será elegido directamente por los colegiados, siendo éste el cabeza de la lista electoral ganadora en las elecciones a Junta de Gobierno.

Art. 25- Agrupaciones de Actuarios

1. El Instituto podrá acordar la creación en su seno de Agrupaciones de Actuarios por razón de formas de ejercicio o de especialidades profesionales, sin que pueda formarse más de una con la misma o similar finalidad. La pertenencia a estas Agrupaciones será voluntaria.

Dichas Agrupaciones, que no tendrán personalidad jurídica propia, serán reconocidas por el Instituto mediante la aprobación de sus Reglamentos que se otorgará por la Asamblea General cuando cumplan las condiciones siguientes:

a) Reconocimiento explícito de la normativa deontológica del Instituto de Actuarios Españoles, sin perjuicio de las precisiones que en desarrollo de la misma puedan adoptar en atención a sus específicos fines, y sujeción a la autoridad de los órganos de gobierno del Instituto.

b) Carácter no discriminatorio ni discrecional de las condiciones de incorporación y permanencia de los actuarios en la Agrupación y ausencia de restricciones o limitaciones particulares a la competencia y libertad de ejercicio profesional conforme a la legislación vigente.

c) Régimen democrático de su organización y funcionamiento.

2. A las Agrupaciones reconocidas por el Instituto les concederá éste relaciones especiales de carácter consultivo y de propuesta en cuanto se refiera al ámbito de sus fines específicos.

Art. 26.- Otras entidades de interés profesional

El Instituto, por sí mismo o en unión de otro, podrá instituir entidades al servicio de los fines e intereses de la profesión, y participar o establecer relaciones adecuadas con otras existentes de análogo carácter.

 

CAPÍTULO V.- Régimen electoral

 

Art. 27.-  Régimen electoral

Todos los cargos de los órganos de gobierno del Instituto tienen carácter electivo.

En desarrollo del procedimiento electoral regulado en el presente capítulo, la Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan cada proceso electivo.

Art. 28.- Derecho de sufragio activo

Tienen la condición de electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, y estén al corriente de sus obligaciones económicas con el Instituto.

Art. 29.- Convocatoria de elecciones

La Junta de Gobierno del Instituto convocará las elecciones con tres meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su celebración.

Art. 30.- Censo Electoral

Por la Secretaría del Instituto se elaborará el Censo Electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados que, no encontrándose suspendidos en el ejercicio de sus derechos, figuraran inscritos en el Registro de Colegiados en la fecha de convocatoria de las elecciones.

El Censo Electoral estará expuesto en las dependencias del Instituto transcurridos quince días desde la convocatoria de las elecciones. Durante quince días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de candidatos. Las reclamaciones se resolverán por la Junta de Gobierno en los cinco días naturales siguientes. Sólo podrán participar en el proceso electoral los Colegiados que figuren inscritos en el Censo.

Art. 31.- Mesa Electoral

Dentro del plazo de quince días desde la convocatoria electoral, se constituirá la Mesa Electoral, que velará por el respeto de las normas estatutarias y del Instituto que rigen el proceso electoral.

La Mesa Electoral estará formada por cinco colegiados, que no podrán presentarse a las elecciones, que se elegirán por sorteo de la forma siguiente: dos miembros entre los titulares con edad mínima de 65 años, con un suplente para cada miembro; y otros tres elegidos entre los restantes colegiados titulares, con un suplente para cada miembro. Actuará como Presidente de la Mesa Electoral el miembro de mayor antigüedad en el Instituto.

Art. 32.- Condiciones de presentación de las candidaturas

Las candidaturas a los cargos de Junta de Gobierno serán cerradas y completas.

Las candidaturas podrán presentarse desde el día siguiente de la convocatoria electoral hasta transcurrido un mes de la misma.

Cada candidatura admitida tiene derecho a nombrar un Interventor que podrá controlar la votación y el escrutinio.

Art. 33.- Proclamación de candidatos

La Mesa Electoral procederá, el día siguiente al vencimiento del plazo de presentación de candidaturas, a la proclamación de los candidatos que cumplan con las condiciones estatutariamente exigidas.

Art. 34.-Celebración de las elecciones

Las elecciones se celebrarán el día señalado al efecto, en el horario señalado en la convocatoria, debiendo practicarse inmediatamente al cierre del mismo el escrutinio, y darse publicidad a los resultados.

Art. 35.- Votación. Régimen del voto por correo

1.- El voto electoral es libre, igual, directo y secreto y se ejercita personalmente o por correo.

2.- La votación por correo requiere que quede constancia del envío, que se acredite la identidad del votante, que se garantice el secreto del voto y que éste sea recibido por la mesa electoral antes de finalizar la votación. Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente; en tal caso, el sobre será destruido en el mismo acto y en su presencia.

3.- El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:

a) El elector que desee utilizar este procedimiento deberá comunicarlo a la Secretaría del Instituto con antelación mínima de cinco días a la fecha de la votación. La comunicación podrá hacerse por escrito o mediante comparecencia personal y quedará anotada en las listas electorales.

b) La Secretaría expedirá al elector una acreditación personal y le facilitará las papeletas de votación y los sobres para su envío, de los cuales, el sobre exterior deberá ser personalizado mediante sellado y numeración o clave coincidente con la de acreditación. El elector recogerá personalmente este material cuando la comunicación la hubiese cursado por escrito; en otro caso, a su solicitud, se le podrá enviar a domicilio por medio que deje constancia de su recepción.

c) El elector introducirá la papeleta elegida en el correspondiente sobre anónimo, y este sobre o sobres, junto con la acreditación personal, los introducirá en el sobre exterior que remitirá a la Mesa Electoral, bien por correo oficial certificado, bien por servicio de mensajería.

Art. 36.- Escrutinio, actas y proclamación de electos

Finalizada la votación, la Mesa Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Resultará elegida la candidatura que obtenga el mayor número de votos. Los interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.

Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el Presidente de la Mesa Electoral hará públicos los mismos a los presentes en la sala. El Presidente de la Mesa Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.

Art. 37.- Reclamaciones

Las reclamaciones contra el resultado de las elecciones se presentarán ante la Mesa Electoral en el plazo máximo de un mes desde la publicación de los resultados electorales.

Art. 38.- Toma de posesión

Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los quince días siguientes a la proclamación de su elección.

En los diez días siguientes, el Presidente comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Ministerio de Economía.

Art. 39.- Moción de censura

A solicitud del 15 % del número legal de colegiados con derecho a voto y al corriente de sus obligaciones económicas, podrá presentarse una moción de censura sobre la Junta de Gobierno, que será debatida y votada en una Asamblea General extraordinaria convocada al efecto en un plazo no superior al mes desde su presentación.

La aprobación de la moción de censura requerirá la aprobación por mayoría de votos emitidos, siempre que a la misma asistan como mínimo la cuarta parte del número legal de colegiados con derecho a voto.

 

CAPÍTULO VI.-  Rérgimen Económico

 

Sección 1ª.- Medios económicos

Art. 40.-  Recursos económicos

1.- El Instituto de Actuarios Españoles dispondrá de los siguientes recursos económicos, que podrán tener carácter ordinario o extraordinario.

2.- Constituyen sus recursos ordinarios:

a) Los productos de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio colegial.

b) Las contribuciones económicas de los colegiados con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Los ingresos procedentes de la elaboración de informes, dictámenes, peritajes, estudios y cualesquiera otros asesoramientos técnicos que se le requieran.

d) Los beneficios que obtengan por sus publicaciones u otros servicios o actividades remuneradas que realicen.

e) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.

3.- Son recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones, donativos, herencias o legados de los que el Instituto pueda ser beneficiario.

b) El producto de la enajenación de los bienes de su patrimonio.

c) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.

Art. 41.-  Cuotas del Instituto

1.- Son contribuciones de los profesionales colegiados:

a) Las cuotas ordinarias. Su devengo se producirá periódicamente a lo largo del año.

b) Las cantidades que, en su caso, se establezcan por el uso individualizado de los servicios del Instituto.

2.- El importe de las contribuciones del Instituto se determinará por acuerdo de la Asamblea General.

 

Sección 2ª.- Régimen presupuestario

 

Art. 42.-  Régimen presupuestario

1.- El régimen económico del Instituto de Actuarios Españoles es presupuestario. El presupuesto será único, y comprenderá la totalidad de ingresos y gastos del Instituto referido al año natural.

2.- En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los distintos órganos del Instituto, así como los ingresos que se prevea devengar durante el correspondiente ejercicio.

Art. 43.-  Patrimonio del Instituto

Constituye el patrimonio del Instituto el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones. El Instituto ostenta su titularidad, sin perjuicio de la adscripción de bienes determinados procedentes de otros entes públicos o privados.

Art. 44.- Auditoría de Cuentas del Instituto

Las cuentas del Instituto deberán ser sometidas anualmente a una auditoría externa. Los auditores elaborarán un informe que se adjuntará a la memoria y cuentas anuales que se sometan a la Asamblea General, aportando su opinión de auditoría sobre dichas cuentas.

 

CAPÍTULO VII.-  Régimen disciplinario y de distinciones

 

Sección 1ª.- Régimen disciplinario

Art. 45.-  Ejercicio de la función disciplinaria

El Instituto sancionará disciplinaria­mente las infracciones tipificadas en el artículo siguiente.

Art. 46-  Tipificación de infracciones

1.- Las faltas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasificarán en: muy graves, graves y leves.

2.- Son faltas leves:

a) La falta de consideración hacia el cliente, el Instituto u otro Actuario.

b) La desconsideración no ofensiva a los miembros de la Junta de Gobierno.

3.- Son faltas graves:

a) El incumplimiento de los deberes, del Instituto y profesionales, determinados en los presentes Estatutos y en las Normas Deontológicas; así como de los acuerdos emanados de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno del Instituto.

b) La atribución como propios de informes, trabajos, o dictámenes realizados por terceros sin su consentimiento.

c) El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional; y la ocultación o simulación de datos que el Instituto debe conocer para ejercitar sus funciones de ordenación del ejercicio profesional.

d) Los actos de desconsideración ofensiva hacia los componentes de la Junta de Gobierno y los que supongan desconsideración ofensiva hacia los demás colegiados.

e) La falta de atención, de diligencia, o de fidelidad en el desempeño de los cargos del Instituto.

f) La realización de actuaciones profesionales sin la preparación adecuada o sin la debida diligencia.

g) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional de la información exigida en el art. 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

4.- Son faltas muy graves:

a) El encubrimiento del intrusismo profesio­nal.

b) Las actuaciones profesionales constitutivas de delito, con independencia de la responsabilidad penal o civil que pudiera exigírsele al Actuario.

c) La comisión de una infracción grave con ob­tención de lucro ilegítimo merced a la actuación ilícita.

d) La emisión de facturas o minutas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.

Art. 47.-  Definición de sanciones

En el ejercicio de la potestad sancionadora, se podrán imponer las si­guientes sancio­nes:

1ª Amonestación privada.

2ª Apercibimiento por escrito, con anotación en el expediente personal.

3ª Reprensión publicada en el boletín o circular informativa colegial.

4ª Suspensión de la condición de colegiado, con prohibición del ejercicio profesional, por un plazo no superior a tres meses.

5ª Suspensión de la condición de cargo colegial por un plazo no superior a un año.

6ª Suspensión de la condición de Colegiado, con prohibición del ejercicio profesional, por un plazo superior a tres meses e inferior a un año.

7ª Pérdida de la condición de cargo colegial.

8ª Expulsión del Instituto.

Art. 48.- Correspondencia entre infracciones y sanciones

A las infrac­ciones leves corres­ponderán las sanciones 1ª a 2ª. A las in­fracciones graves las san­ciones 3ª a 5ª. Y a las muy graves las sancio­nes 6ª a 8ª.

En la determinación de la sanción imponible se tendrá en cuenta la concurrencia de las siguientes circunstancias: intencio­nalidad manifiesta; negligencia profesional inexcusable; desobedien­cia reite­rada a acuerdos del Instituto; daño o perjuicio grave a terce­ros; hallarse en el ejerci­cio de cargo público o colegial al cometer la infracción, cuando exista preva­limiento de esta condición; incurrir en conflicto de intereses; haber sido sancionado anteriormente, por resolu­ción colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.

Art. 49.-  Prescripción de infracciones y sanciones. Cancelación

Las infracciones prescribirán: a los seis meses las leves; al año las graves; y a los dos años las muy graves.

Las sanciones prescriben: las leves a los seis meses; las graves al año; y  las muy graves: a los dos años.

Los plazos de prescripción de las infrac­ciones co­menzarán a con­tar desde la comisión de la infrac­ción. Y los de las sanciones desde su fir­meza. La prescripción de las infracciones se inte­rrumpirá por cual­quier actuación colegial expresa y mani­fiesta dirigida a investigar la presunta infrac­ción, con conocimiento del interesado. La realización de cual­quier acto cole­gial ex­preso y manifiesto de ejecución de la san­ción inte­rrumpirá el plazo de pres­cripción de la misma.

Las sanciones se cancelarán: al año si la falta fuere leve; a los dos años si fuera grave; y a los cuatro años si fuera muy grave. Los plazos anteriores serán contados a partir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancelación supone la anulación del antece­dente sancionador a todos los efectos.

Art. 50.-  Competencia y procedimiento

La Junta de Gobierno del Instituto ejercerá la función disciplinaria, imponiendo, en su caso, las san­ciones correspondientes, mediante el oportuno expediente disciplinario, que se sujetará al procedimiento siguiente.

1.- El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, bien por propia iniciativa, bien a petición razonada del Presidente del Instituto, o bien por denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo.

Cuando medie denuncia, el órgano titular de la función disciplinaria dispondrá la apertura de un trámite de información previa, en el que tras analizar los ante­cedentes disponibles, podrá ordenar el archivo de las actuaciones o dar trámite al expediente. En este segundo caso, remitirá el expediente para su instrucción a la Comisión Deontológica.

2.- Tras las oportunas diligencias indagatorias, la Comisión Deontológica propondrá el sobreseimiento del expediente, si no encontrara in­dicios de ilícito disciplinario, o formulará pliego de cargos, en caso contrario. En el pliego de cargos habrá de indicarse con precisión y, claridad, y debi­damente motivados: los actos profesionales o del Instituto que se presumen ilí­citos; la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta; así como la sanción a que, en su caso, puede ser acreedora la misma. Se con­cederá al expedientado un plazo de quince días hábiles para que pueda con­testar por escrito, formulando el oportuno pliego de descargos.

En el expediente son utilizables todos los medios de prueba admisi­bles en Derecho, correspondiendo a la Comisión la práctica de las que ha­biendo sido propuestas estime oportunas o las que ella misma pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas de­berá existir constancia escrita en el expediente.

3.- Concluida la instrucción del expediente dis­ciplinario, se elevará, con la correspondiente propuesta de reso­lución, a la Junta de Gobierno, ante la cual se concederá al ex­pedientado nuevo trámite de audiencia, para que pueda alegar cuanto estime oportuno o conveniente a su derecho.

Este procedimiento disciplinario podrá ser desarrollado, de confor­midad con lo dispuesto en estos Estatutos Generales, por el Reglamento de Régimen Interior del Instituto.

 

Sección 2ª.- Régimen de distinciones y premios

Art. 51.-  Distinciones y premios

El Instituto, por medio de su Junta de Gobierno, podrá distinguir a los colegiados que especial y destacadamente hayan contribuido al progreso y buen hacer de la profesión.

Art. 52.- Nombramiento de Miembros de Honor, Protectores y Correspondientes

El Instituto podrá nombrar colegiados de honor a las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a favor de la profesión. La propuesta de designación la realizará la Junta de Gobierno, previa conformidad de los interesados, y será aprobada por la Asamblea General.

El Instituto, por acuerdo de Junta de Gobierno, podrá conceder la condición de “Miembro Protector” a personas, físicas o jurídicas, que se interesen por los fines científicos, culturales o profesionales del Instituto y contribuyan a su desenvolvimiento.

De igual forma, podrá otorgar la condición de “Miembro Correspondiente” a aquellas personas, físicas o jurídicas, a profesionales extranjeros, no residentes en España, que en su respectivo país ostenten la categoría profesional o tengan la titulación equivalente de Actuario.

La condición de “Miembro Protector” y de “Miembro Correspondiente”, no confiere la cualidad de colegiado, ni, por tanto, los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

 

CAPÍTULO VII. – Sistema normativo y régimen jurídico de los actos y acuerdos corporativos

 

Art. 53.- Régimen jurídico

1- El Instituto de Actuarios Españoles, en tanto que Corporación de Derecho Público, se rige en su organización y funcionamiento por:

a) La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y, en su caso, la legislación autonómica en materia de Colegios Profesionales.

b) Los presentes Estatutos Generales.

c) El Reglamento de Régimen Interior así como las Normas Deontológicas que el Instituto apruebe en desarrollo y aplicación de las previsiones de los Estatutos Generales. El contenido de ambas normas, en ningún caso, podrá ser contrario a las previsiones de los Estatutos Generales.

d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto sea aplicable.

2.- En lo no previsto por los Estatutos Generales, será de aplicación la legislación vi­gente so­bre régimen jurídico de las Administra­ciones Públi­cas y Procedimiento Administrativo Común. El régimen jurídico de los órganos co­legiados del Instituto se ajus­tará a las normas contenidas en estos Estatutos Generales y, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interior.

3.- Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Instituto deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

4.- Las comunicaciones comerciales de los profesionales colegiados se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Art. 54.-  Actos nulos de pleno derecho y actos anulables

Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiados en los que se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Los acuerdos, decisiones y recomendaciones prohibidos por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

h) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Art.  55- Ejecución de los actos administrativos

1.- Los actos y resoluciones adoptados por los órganos del Instituto en el ejercicio legítimo de potestades administrativas serán ejecutivos desde su adopción, en los términos señalados en la legislación sobre procedimiento administrativo.

2.- Cuando el Instituto no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus propios actos administrativos, lo pondrá en conocimiento de la Administración de adscripción correspondiente. A tal efecto, recabará el auxilio ejecutivo necesario para la ejecución forzosa de sus actos administrativos de la Administración correspondiente.

Art. 56-  Recursos corporativos

1.- Los actos y disposiciones del Instituto, cuando estén sujetos al Derecho Administrativo, serán impugnables directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora, una vez agotados los recursos corporativos.

2.- Todos los acuerdos y resoluciones de los órganos del Instituto, excepción hecha de los de la Asamblea General, son recurribles ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación sobre procedimiento administrativo.

3.- Contra los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General del Instituto no cabe recurso corporativo alguno, siendo impugnables directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

CAPÍTULO IX.- Ventanilla única

 

Art. 57. Ventanilla única

1. El Instituto dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Instituto, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Instituto.

d) Ser convocados a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del Colegio.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios el Instituto ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al registro de colegiados a que se refiere el artículo 16.a) de estos Estatutos.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el art. 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Instituto profesional.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido del Código Deontológico.

3. El Instituto deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas.

 

CAPÍTULO X.-  De la disolución del Instituto

 

Art. 58.-  Disolución del Instituto

1.- El Instituto sólo podrá disolverse por decisión propia, tomada en Asamblea General extraordinaria convocada al efecto. Para la aprobación de la disolución es preciso que voten a favor de la misma las tres cuartas partes del número legal de miembros del Instituto.

2.- Como consecuencia de la disolución, el patrimonio resultante de la liquidación se atribuirá a fundaciones, o asociaciones, benéficas o asistenciales. La determinación de las mismas se realizará en la propia Asamblea General que tome la decisión de disolución; no pudiendo aprobarse la misma sin determinar el destino final de dicho patrimonio.

 

Disposición adicional primera. Normas  Deontológicas.

Las Normas Deontológicas de la profesión, que habrán de aprobarse con sujeción a lo dispuesto en la Ley sobre Colegios Profesionales, serán de público conocimiento y accesibles por vía electrónica a través de la página web del Instituto.

Disposición adicional segunda. Respecto a las competencias de las Comunidades Autónomas.

Lo dispuesto en el presente Estatuto General se entiende sin perjuicio de las competencias exclusivas que tuvieran el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (aprobado por Decreto 226/1992, de 9 de noviembre, de la Generalitat de Catalunya), así como del Colegio de Actuarios del País Vasco / Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, (aprobado por Decreto 229/2005, de 30 de agosto, del Gobierno Vasco), así como también de los que el resto de las Comunidades Autónomas puedan constituir al amparo de sus competencias, y todo lo anterior referido a sus respectivos ámbitos territoriales

Disposición transitoria única

La actual Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles permanecerá en sus cargos hasta la expiración de su mandato, convocándose entonces elecciones de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo dispuesto en los presentes Estatutos Generales.